El juez ordenó el desalojo de la familia Martínez y emitió una resolución que indica que Santos Colque no tiene prohibiciones, pero igual no lo dejan llegar a su casa.
Santos Colque, puestero de la zona de El Alisal, recurrió a la Justicia para interponer un recurso que permita volver a su casa en la margen sur del río Toro, de donde fue desalojada otra familia por una orden del juez de garantías Diego Rodríguez Pipino por considerar que no acreditaban ser miembros de la comunidad originaria de Los Alisos, y que este espacio es de pertenencia de la familia Usandivaras.
Colque, de 63 años, vive metros arriba de este predio desalojado; sin embargo, hace 48 días no puede ingresar por orden del fiscal de Rosario de Lerma, quien entendió que también es usurpador, aunque no fue denunciado como tal, y no se le permite por medio de la policía de Campo Quijano ingresar a su vieja vivienda.
"Presentamos un pedido formal al juez Rodríguez para que nos permita el paso a mi vivienda, puesto que no era el notificado para el desalojo realizado en noviembre. El juez nos respondió que no puede hacer nada, que es improcedente nuestro pedido porque nunca estuve involucrado en la acción judicial de desalojo. Es decir que puedo pasar, pero hay una orden de la fiscalía, a cargo de Gabriela Romero Wayar, que me impide el paso", relató Santos Colque a El Tribuno. La resolución es clara. No puede intervenir en algo que Colque no está implicado. El puestero debió recurrir a un abogado para desenredar todo este laberinto de cuestiones judiciales que lo perjudica.
El hombre acreditó que su familia lleva 117 años en el lugar, que su abuela nació acá en el año 1901, sus padres también: "La policía no me deja ingresar por orden del que dice ser dueño. Necesitamos que la fiscalía nos explique el porqué de esta medida.
Colque, acompañado de su hija, fue duro con las autoridades políticas provinciales, legisladores de Rosario de Lerma y demás responsable municipales, "todos salieron en las redes sociales con fotos a usarnos que estaba todo encaminado a solucionarse. Tengo que pagar a un abogado para que intervenga. Todos mintieron."
Puesteros vs. propietarios
La medida de desalojo del 13 de noviembre pasado sigue siendo resistida por el Consejo del pueblo de Tastil. Recibió el apoyo verbal y mediático de numerosos autoridades, sin embargo tanto la familia Martínez y ahora el puestero Santos Colque están padeciendo la falta de compromiso de muchos que dieron su palabra para ayudar a estas familias.
Es evidente cómo la otra parte del litigio argumentó legalmente la tenencia real de estas tierras. La abogada María Quipildor, cuya familia reclama como propia tierras de El Alisal, usurpadas por estas comunidades originarias, afirmó que "muchos de estos supuesto originarios son falsos. No tienen personería jurídica, y que continuarán con las denuncias sobre usurpación de tierras en esta zona de la Quebrada del Toro, y pedirán la revisión de la personería jurídica de cada una de ellas para desenmascararlas". Los originarios del Consejo de Tastil mencionaron que la bogada no vive ni conoce la zona, "que nos investiguen como quieran, estamos asentados en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ellos pretenden descalificarnos para armar un nuevo organismo de puesteros y originarios, pero que respondan a ellos", respondió Evaristo Barbosa, del Conse jo de Tastil.
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