Engorda 3.900 porcinos frente a una escuela. La Justicia lo clausuró, pero un nuevo fallo dejó la medida en suspenso.
Todo lo que se puede hacer mal desde el sector empresario y organismos del Estado se resume en una batalla judicial que estalló hace tres meses por un criadero de cerdos que funciona, desde hace dos años, en la zona de Corralitos.
La firma responsable del emprendimiento, Regata SA, pidió la habilitación de la granja porcina a la Municipalidad de Rosario de Lerma. El organismo de Rentas de esa comuna le extendió la licencia comercial el pasado 27 de abril, sin la aprobación previa de un estudio de impactos ni la entrega del certificado de aptitud ambiental (CAAM) que se requiere en estos casos.
Un mes antes, ante un pedido de informes presentado por uno de los vecinos afectados, el abogado Jorge Gálvez, el jefe de Gabinete rosarino, César Ramírez, había respondido que el municipio gobernado por Ignacio Jarsún no tenía ningún antecedente de la granja denunciada y que la institución competente para dar de alta su actividad era el municipio de Campo Quijano.
Ante otro pedido de informes, el coordinador General de Rentas de Quijano, Ricardo Ariel Cardozo, había contestado el 13 de marzo que en ese municipio tampoco constaba, hasta esa fecha, inscripción alguna del criadero de Regata.
La Secretaría de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, autoridad de aplicación de la ley 7070 de protección ambiental, se enteró por una de las presentaciones de Gálvez que en el camino a Corralito, a pocos metros de la escuela rural República de Venezuela, se crían y engordan 3.900 cerdos desde 2016. El citado establecimiento educativo tiene 102 años de vida y una treintena de alumnos en los que está puesta hoy la mayor preocupación, porque 18 vecinos de la zona de Cámara y profesionales del Servicio de Ingeniería y Química Forence del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) le atribuyeron al criadero de chanchos malos olores, la proliferación de insectos y roedores e inadecuados manejos en la disposición de sus desechos.
Por las denuncias y los informes preliminares, se teme una posible afectación de fuentes de agua subterráneas y superficiales de las que depende el suministro de la centenaria escuela de Quijano y el abastecimiento potable de la población de Rosario de Lerma.
Ante los requerimientos de información que dirigió el 12 de marzo el letrado Gálvez, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia respondió que la empresa Regata gestionó una concesión de uso de agua para la irrigación de 40 hectáreas eventuales, pero que ese trámite no estaba aprobado, y que el establecimiento pecuario de finca Santa Sofía tampoco poseía una concesión de uso de aguas públicas para abrevado de ganado.
Y nadie se enteró
El emprendimiento de cría y engorde de porcinos está ubicado a 9 kilómetros del despacho del intendente Manuel Cornejo, pero ese municipio no parece haberse enterado de la intensa producción de Regata hasta el 22 de mayo último, cuando la comuna de Rosario de Lerma dio de baja la habilitación que había extendido irregularmente a la empresa. Para anular el permiso que había otorgado un mes antes su organismo de Rentas, la intendencia rosarina se apoyó en un informe con el que la Dirección General de Inmuebles ratificó que la finca donde funciona el criadero es de Quijano.
El informe oficial no hizo más que exponer lo que es conocido por todos en la zona de Cámara y Corralito. El borde limítrofe de ambos municipios está a 7 kilómetros al sur de la finca Santa Sofía y de la escuela República de Venezuela, donde en 2012 el gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró refacciones junto al intendente Cornejo y donde se votan autoridades municipales de Quijano, como remarcó el intendente Jarsún luego de verse envuelto en el escandaloso caso que trae en camino denuncias penales contra más de un funcionario público.
Más allá de la obvia ratificación de la competencia territorial, tanto la finca Santa Sofía como otros catastros de la zona rural de Quijano siguen figurando en los registros de Inmuebles como si pertenecieran al municipio rosarino
Con estos antecedentes, la empresa denunciada comenzó a gestionar la habilitación en Quijano, pero esa intendencia rechazó el pedido de regularización de la mega granja porcina y dispuso su clausura, porque en la zona esta proyectado un millonario emprendimiento urbanístico y turístico que obtuvo las factibilidades de Aguas del Norte, Edesa, Gasnor y del propio municipio entre el 23 de febrero y el 9 de mayo de este año.
El fiscal Torres Rubelt recibió un inquietante informe pericial
Las denuncias presentadas contra el criadero de cerdos fueron investigadas por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Gustavo Torres Rubelt, quien el 1 de mayo pidió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que recolecte muestras de suelo y agua para confirmar, o descartar, la presunta contaminación atribuida a la granja porcina.
La medida de prueba, que incluyó una inspección ocular, la confección de un croquis ilustrativo y tomas fotográficas, se cumplió tres días después con una orden de allanamiento de la jueza de Garantías de Sexta Nominación, Sandra Espeche.
El establecimiento fue registrado por una comisión policial encabezada por el comisario Cristian Chaile Maldonado. Dos profesionales del Servicio de Ingeniería y Química Forense del CIF, Leonor Barrenechea y Jimena Gato, tomaron las muestras ordenadas en la causa.
El fiscal Torres Rubelt recibió el informe el 31 de mayo. En 18 carillas, firmadas por la licenciada Jimena Gato, el Departamento Técnico Científico del CIF puntualizó que Regata “no posee certificado de aptitud ambiental”. También indicó que en el establecimiento de finca Santa Sofía se generan algunos residuos (productos de la atención veterinaria y aceites en desuso) que la ley nacional 24051 considera peligrosos, y que la empresa “no se encuentra inscripta como generadora de residuos peligrosos, ni los gestiona conforme lo indica la mencionada ley”.
El CIF también señaló que “la gestión de residuos sólidos (animales muertos) no es apropiada, ya que se trata de una fosa a cielo abierto en la que no se evidenció un tratamiento que impida la emanación de olores y la proliferación de plagas”.
En el informe también se hizo notar que uno de los principales factores de riesgo está constituido por “la falta de impermeabilización de las lagunas de tratamiento, su proximidad a cursos de agua y la utilización de los líquidos generados en la fase final de tratamiento de efluentes como agua de riego”.
Para caracterizar el líquido generado en las etapas finales de tratamiento, el Departamento Técnico Científico del CIF sugirió “realizar un muestreo de efluentes” en las dos lagunas que tiene la granja porcina y en un arroyo que corre en las proximidades (tanto aguas arriba como aguas abajo del criadero de cerdos), con tres parámetros básicos que se usan como indicadores de contaminación. Ellos son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO) y el nivel de bacterias coliformes (totales y fecales) presentes en el agua.
En ese contexto, el fiscal pidió la clausura que la jueza Espeche ordenó el 11 de junio y que ahora dejó en suspenso. Mientras tanto, con los plazos vencidos, el criadero se mantuvo activo, según una constatación policial realizada en vísperas del feriado del Día de la Bandera. El establecimiento Santa Sofía, según declaró su propio encargado, Diego Gandulfo, entrega los cerdos terminados a la empresa La Francisca. Son 180 animales por semana los que se envían para su faena al establecimiento frigorífico en el que está asociado el empresario Andrés Muñoz con su esposa, Paula Bibini, actual ministra de Ambiente y Producción Sustentable. Como parte del acuerdo comercial, La Francisca le suministra al establecimiento Santa Sofía partidas de alimento balanceado.
Clausuras en suspenso
El 6 de junio el intendente Cornejo rechazó el pedido de habilitación presentado por Regata, “por no contar con ninguno de los requisitos previos y obligatorios para el presente trámite”. En esa misma resolución, el jefe comunal dispuso la clausura y desalojo del criadero de cerdos en 10 días hábiles. Con el plazo vencido, el pasado miércoles la jueza de Garantías de Primera Nominación, Ada Zunino, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa y ordenó la suspensión de la clausura dictada por el intendente de Quijano. La cautelar había sido solicitada en el marco de una denuncia que presentó Regata SA contra Cornejo por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Por otra parte, la jueza de Garantías de Sexta Nominación, Sandra Espeche, concedió un recurso de apelación de Regata SA y dejó en suspenso la clausura y desalojo que ella misma había ordenado el pasado 11 de junio, con un plazo de 5 días hábiles. La resolución dejó a la sociedad anónima que preside Patricio Manuel Bobbio en condiciones de mantener sus operaciones en pie, hasta tanto el Tribunal de Impugnación resuelva la apelación.
Ante las clausuras, Regata apuró una batería de recursos y denuncias penales con el patrocinio de los abogados Horacio Aguilar y Hernán Cúneo. En los escritos, la empresa sostuvo que las medidas ordenadas el cierre y desalojo le ocasionaría pérdidas por $57 millones y otras gravosas consecuencias. Cuesta entender que una empresa que invirtió cerca de 4 millones de dólares en sus instalaciones haya iniciado sus actividades sin habilitación y que ningún organismo actuara en dos años.
