Se trata de Esteban Vilca, Amado Mamaní, Lucio Zerpa y Félix Corimayo acusados por el abogado del finquero, Juan Casabella Dávalos por un conflicto territorial con la comunidad Valle del Sol.
El primero de abril de 2014 una veintena de hombres comandados por el finquero Francisco Jovanovicz destruyó parte de la vivienda de Andrea Quipildor, integrante de la Comunidad del pueblo Tastil Valle del Sol, al norte de Campo Quijano, cerro arriba. Estos hombres llegaron al lugar con una camioneta y cuatro automóviles; llevaron también una topadora, para destruir la vivienda; un camión y un tractor con acoplado, donde cargaron los muebles la familia Quipildor-Sara, que no estaba en la casa. Otros comuneros se organizaron para impedir el desalojo. El grupo atacante huyó dejando abandonados los vehículos. El chofer de la topadora también trató de huir, pero tuvo la mala suerte de caer en un pozo, de donde fue rescatado por los comuneros, que lo entregaron a la Policía.
Unos dos días después, tras insistentes pedidos de la Comunidad, la Policía registró los vehículos y encontró en un pequeño arsenal en uno de esos vehículos: una Itaka de uso militar, una pistola 9 mm, municiones, esposas, una escopeta Izarm semiautomática, chalecos antibalas y hasta una granada de fragmentación.
Otro par de días después, el abogado de Jovanovicz, Juan Casabella Dávalos, y otros hombres, entre ellos el abogado Nelson Torres, intentaron retirar la camioneta. No tenían orden judicial, y la Comunidad, que mantenía una guardia desde el intento de desalojo, impidió que se llevaran el vehículo, al que el grupo había logrado mover por unos cien metros, a pesar de que estaba con las ruedas desinfladas. En esas circunstancias hubo un fuerte cruce, y el abogado terminó denunciando penalmente a cuatro comuneros: Esteban Vilca, Amado Mamaní, Lucio Zerpa y Félix Corimayo. Si no hay contratiempos, este martes 10 de abril, en la Sala 7 del Tribunal de Juicio, comenzará el juicio oral contra los tres primeros. Corimayo fue sobreseído en la instrucción.
Zerpa dijo a Vove de los cuatro, “solamente uno”, él mismo, estaba en ese lugar al momento de los incidentes: “Las otras tres personas nunca jamás estuvieron en el lugar”. Zerpa sostuvo que él se ocupó todo el tiempo de que nadie agrediera a los abogados.
El Abogado Davalos Casabella
Los hijos de Andrea Quipildor siguen en la vivienda, pero “está sitiada su vivienda”, sostuvo Zerpa, quien lamentó que el expediente “quedó varado” y con los “finqueros y sus abogados (que) han avanzado, ya con el territorio (que la Comunidad reivindica como de ocupación ancestral) relevado” de acuerdo a las previsiones de la ley nacional 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena.
Zerpa insistió en que ahora “está faltando por parte de los estados de dar los trámites finales para que el territorio ya sea de la comunidad, (…) está faltando la ley de propiedad comunitaria”. Y, “si bien se avanzó en el anterior gobierno en arduas conversaciones de organizaciones de pueblos de todo el país”, con el actual gobierno “lamentablemente, creemos por intereses políticos propios y que está compuesto también por terratenientes, no surgió la ley de propiedad comunitaria”, por lo que “estamos esperando un cambio de gobierno” para volver a plantear el debate.
Zerpa afirmó que esta mora en la regularización de la propiedad comunitaria indígena facilita el avance de intereses particulares sobre los territorios de ocupación ancestral, y destacó que esto se da con “todas las comunidades de todos los pueblos de la República Argentina”.
En el caso particular de Andrea Quipildor, que ya tiene más de 80 años, destacó que ahora “está totalmente sitiada, alambrada por todos lados (…). Están hechas las denuncias por esa situación, pero no hay en ese sentido acciones de parte de la justicia como para que los terratenientes no sigan avanzando y parcelando tierras”, lamentó.
Fuente: Vo vé
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