martes, 25 de marzo de 2014

Campo Quijano, esperanzado en su lucha

Vecinos de Campo Quijano expresan su satisfacción al conocer que el juez federal 1 de Salta, Dr. Julio Bavio, rechazó el jueves pasado la acción presentada por las empresas de telefonía celular Telecom y Personal, mediante la cual pretendían que se declarase inconstitucional la ordenanza 299 del Concejo Deliberante de General Güemes. La norma había sido aprobada el 23 de junio de 2010 y obligaba a las compañías a relocalizar tres antenas ubicadas en esa ciudad, a más de doscientos metros de la última vivienda habitada.

Según los vecinos, este fallo federal sienta precedentes para que se haga lugar a otras demandas que invoquen el principio precautorio en contra del emplazamiento de este tipo de estructuras en áreas pobladas. Hace unas semanas AMX Argentina SA (Claro Argentina) también sufrió un revés judicial cuando la Corte de Justicia de Salta desestimó los recursos interpuestos por esta compañía contra una resolución del juez de Primera Instancia Mario D'Jallad, que le aplicó una multa judicial por el periodo (del 11 de marzo al 7 de junio de 2011) durante el cual una antena instalada en el barrio Libertad de Campo Quijano funcionó sin que se hubiera presentado a la Municipalidad el correspondiente informe de impacto ambiental y social. Además la condenó al pago de las costas procesales en un juicio de amparo iniciado por el procurador general de la Provincia.

La multa judicial fue fijada inicialmente en $500 diarios, pero con posterioridad se determinó aumentarla a $3.000 diarios, con la posibilidad de llevarla hasta los $5.000, en caso de que la empresa persistiera en el incumplimiento del mandato judicial que la obligaba a presentar informes al juez del amparo sobre el cumplimiento de requisitos de habilitación y de impacto ambiental y social de la instalación de las estructuras.

“Así demostraron sus intenciones”
La Corte también estimó “improcedente” la pretensión de la empresa de que dejar sin efecto la sanción económica aplicada y recordó que no fue sino hasta el 22 de noviembre de 2011 que la demandada accedió a presentar al juez los informes que se le habían solicitado. Marcela Torres, referente de los vecinos autoconvocados de Quijano, dijo que AMX Claro “así demostró desde el principio su intención de comportarse de manera ilegal” al seguir funcionando incluso con un juicio de por medio.

También cuestionó por qué la Municipalidad no hace uso de su poder de policía para dar cumplimiento a la resolución 24/13 (promulgada por el Concejo Deliberante de esa localidad en noviembre de 2013), a través de la cual los ediles habían solicitado que se clausuren y desmonten los establecimientos comerciales situados en Jovanovics y 9 de Julio, y Juan B. Alberdi, de Quijano; y Santusa Castillo, en La Silleta.

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