El conflicto por la propiedad de la tierra adquiere características particulares en esta región.
"Nosotros no queremos que se vaya nadie, ni estamos exigiendo otra cosa que el reconocimiento de la propiedad". El ingeniero agrónomo Facundo Robles sintetizó en pocas palabras el nudo de un conflicto sobre la propiedad de la tierra que parece extenderse por toda la provincia y que, en este caso, involucra a la Iglesia Católica.
Robles es el gerente de agronegocios de Foxter SA, propietaria de las fincas El Gólgota y El Toro, en Rosario de Lerma.
Allí habitan unos 120 puesteros y, en medio de esas magníficas serranías, la propietaria de las tierras se propone desarrollar un ambicioso proyecto turístico y un plan de cría de ovinos. Para lograrlo aspiran a alcanzar "acuerdos razonables" con los campesinos del lugar que otorguen "un marco legal" a la convivencia.
Ese acuerdo parece lejano. Desde el año 2005, en vísperas de la ley 26.160, tal como ocurrió en otras zonas de la precordillera y los valles, los campesinos comenzaron a declararse "originarios" y a reclamar la propiedad de la tierra. Simultáneamente, dejaron de pagar los pastajes y contratos de arrendamiento.
A diferencia de otros parajes, en El Gólgota no aparecen cacicazgos claros ni hay grupos constituidos en propiedades comunitarias. Tampoco se identifica a jefes políticos como los que encabezan ese reclamo. En cambio, es notable la presencia de la Iglesia y es previsible que Foxter SA se enfrente judicialmente con los sacerdotes involucrados.
Dos hechos pusieron su impronta al conflicto: en la homilía del Milagro, el vicario Dante Bernacki afirmó que "no se puede permitir que una empresa extranjera avasalle los derechos sanguíneos de nuestra gente". El accionista mayoritario de Foxter es el empresario chileno Marc Ibáñez, quien adquirió a Aldo Arini las fincas de más de 180 mil hectáreas en 2004. Las tierras fueron entregadas por el rey de España en 1750 a Canga y Tineo; a lo largo de un siglo pertenecieron a sucesivos herederos y en 1833, a la familia Torino, que en 1976 la vendió a Foxter. Preocupa a la empresa, entonces, el alegato de acento xenófobo del vicario.
La homilía se vincula a la denuncia de una puestera, Ana Olmos, quien acompañada por el sacerdote Walter Medina denunció ante la policía a la empresa de haberla amenazado para que deje su casa. "Es absolutamente falso -argumentó ayer Facundo Robles-. Nosotros no le pedimos que se retirara, sino que le ofrecimos un acuerdo de comodato por cuarenta años. Su hijo, que terminó el secundario en El Alfarcito, escuchó lo que le leímos y leyó el texto que ella firmó".
El cruce terminará en la Justicia, civil y penal.
Robles explicó que el propósito de la empresa es el de celebrar acuerdos de comodato, aparcería, pastaje o arrendamiento, y asegura que no tienen ningún propósito de quedarse con parte del usufructo de los pastajeros. Sin embargo, el clima está enrarecido.
"No son originarios ni pertenecen a familias con presencia histórica en la zona. Foxter adquirió legalmente la tierra y lo que se está produciendo es una usurpación sistemática y un desconocimiento de los derechos".
Las comunidades reclamantes están en El Alisal, Ingeniero Maury, Lampasar y Gobernador Solá.
Se trata de territorios donde se desarrolló la cría de mulares durante más de un siglo, destinados al trabajo en las minas. Hoy, los campesinos viven de pequeñas producciones de subsistencia. La llegada de Marc Ibáñez a Foxter produjo un cambio en las perspectivas de la empresa. Al mismo tiempo, la ley 26160, que prorroga los desalojos -y que será prorrogada, seguramente, en estos días-, alentó entre las comunidades la expectativa de convertirse en propietarios. Un conflicto de fondo que desafía a los gobernantes y a la Justicia.
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